Él día de ayer culminó la 30va edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Desde su inicio, como suele ocurrir con los grandes eventos culturales, la conversación en redes sociales no tardó en aparecer. Esta vez, el foco estuvo en el cambio de sede: la FIL dejó el Parque Próceres de Jesús María para trasladarse a la Explanada del Jockey Plaza.
Las opiniones fueron diversas y el debate sobre el acceso al nuevo local fue eje de la discusión, lo cual está bien; sin embargo, la problemática que quisiera plantear va más allá del espacio de la feria. Quizá la pregunta más importante es otra: ¿quién puede acceder realmente a los libros una vez que está allí? Y, más allá de la FIL, ¿quién puede acceder al conocimiento?
Más allá de la feria
Entrar a una librería en el Perú suele significar encontrarse con libros que cuestan en promedio entre 80 y 120 soles, precios difíciles de asumir en un país donde el salario mínimo apenas alcanza para cubrir necesidades básicas. Como alternativa, se podría pensar en acudir a las bibliotecas públicas. Sin embargo, a nivel nacional, estas enfrentan presupuestos limitados, colecciones desactualizadas, restricciones para el préstamo (generalmente, solo en sala) o, simplemente son escasas y poco visibles para gran parte de la población.
En una sociedad donde los libros de librería son caros y las bibliotecas públicas resultan insuficientes, vale la pena preguntarnos: ¿puede el acceso al conocimiento depender únicamente de la capacidad individual de compra?
Cuando Internet cambió las reglas
Si bien existen alternativas más económicas, como el Jr. Quilca o los libreros del Jr. Amazonas, que han permitido que muchas podamos acceder a libros a precios mucho más bajos, hubo otra puerta de entrada para el conocimiento, totalmente gratis: los archivos digitales compartidos en la red.
Internet transformó la circulación del conocimiento. Haciendo que copiar y compartir información tenga un costo prácticamente nulo. Esa transformación suele asociarse con la piratería, pero también permitió nuevas posibilidades: investigaciones, archivos históricos, textos difíciles de encontrar, manuales, ensayos y materiales educativos comenzaron a circular entre personas que, de otro modo, probablemente nunca habrían tenido acceso a ellos.
Como feminista, gran parte de mi formación no ocurrió únicamente en las aulas. Ocurrió, sobre todo, en Internet. En artículos compartidos entre compañeras, en libros de colectivas feministas que alguien había digitalizado, en investigaciones difíciles de conseguir en librerías o bibliotecas… En materiales que circulaban porque otra persona decidió compartirlos. Muchos de esos textos fueron fundamentales para comprender la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos o la historia de los movimientos feministas. En ese momento no pensaba si el archivo respetaba o no el modelo tradicional de derechos de autor. Pensaba, simplemente, que estaba aprendiendo.
La piratería como síntoma
Y entonces, aparece una pregunta incómoda. ¿Es éticamente reprochable leer un libro escaneado sobre feminismo porque no puedo pagar los 80 soles que cuesta una edición nueva? ¿Lo es cuando esos 80 soles representan mi presupuesto de alimentación o transporte de la semana? ¿Qué ocurre cuando el acceso al conocimiento se convierte en un privilegio económico?
Estas preguntas en el fondo hablan de poder. El conocimiento nunca ha circulado de manera equitativa. Durante siglos, mujeres y otros grupos históricamente excluidos enfrentaron barreras para acceder a la educación o participar en la producción de conocimiento. Aunque actualmente eso ha cambiado, siguen existiendo obstáculos materiales que determinan quién puede leer, investigar o formarse.
Es evidente que en este panorama las tecnologías digitales han contribuido a reducir algunas de esas barreras. Han permitido que materiales educativos, como textos feministas, circulen mucho más allá de las instituciones tradicionales. Al mismo tiempo, también han puesto en tensión un modelo de circulación de la cultura basado en el control de las copias y la propiedad intelectual.
Evidentemente, no se trata de desconocer los derechos de las personas que trabajan en la industria del libro, ni de afirmar que toda forma de reproducción de este tipo sea legítima. Pero reducir el debate únicamente a la ilegalidad de esta forma de difusión de información también invisibiliza otra realidad: millones de personas recurren a estos medios porque las condiciones de acceso siguen siendo profundamente desiguales.
El derecho a aprender
Quizá, entonces, la pregunta no debería ser únicamente cómo combatimos la piratería, sino por qué tantas personas dependen de ella para aprender, investigar o simplemente leer.
La discusión suele poner la responsabilidad en quien descarga, compra o comparte un libro pirateado. Pero ¿qué ocurre con las condiciones que hacen que estas alternativas resulten necesarias? Si una persona debe elegir entre comprar un libro y pagar sus pasajes o su alimentación durante la semana, ¿podemos reducir el problema a una decisión individual?
Democratizar la cultura también implica que el Estado garantice condiciones reales para acceder al conocimiento. Porque cuando un libro que quiero leer cuesta lo mismo que mis gastos básicos de la semana, vuelvo a preguntarme: ¿quién tiene derecho al conocimiento?