El aborto en Perú y Colombia: Despenalización, brechas sociales y resistenciasdigitales

Valentina Echeverry Castro, estudiante de séptimo semestre de Derecho de la Unidad Central del Valle (Colombia). Voluntaria del área de Publicaciones de Ser Valiente en Red.

Del cuerpo a la pantalla: el aborto como derecho en debate

En Latinoamérica el derecho al aborto sigue siendo una deuda, el plantearlo únicamente como un tema moral o legal es detenerse a medio camino. Un hito fundamental para comprender el contexto actual de la lucha por la despenalización del aborto fue la creación de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, en 2005, cuya iniciativa se caracterizó por su organización democrática, intergeneracional, interseccional y plural, que reunió a diversos feminismos para reclamar una ley que amplié y garantice derechos, porque el despenalizar el aborto es una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos de las mujeres (Vergara Gal, 2021).

Es por esta razón que, cada 28 de septiembre, el movimiento feminista recuerda al mundo las complicaciones ocasionadas por el aborto inseguro y clandestino siendo la primera causa de mortalidad en personas gestantes, de acuerdo a cifras de la organización Mundial de la salud (OMS, 2022) en el mundo los abortos clandestinos causan alrededor de 39.000 muertes al año y hacen que millones de mujeres sean hospitalizadas por complicaciones.

A lo anterior se suma que casi todas las muertes y lesiones que resultan del aborto inseguro son prevenibles; cuando la interrupción voluntaria del embarazo se practica con un método recomendado por la OMS (2022), acorde con la duración del embarazo y bajo la asistencia de personas capacitadas, es un procedimiento sencillo y extremadamente seguro. En este
sentido, el aborto farmacológico o quirúrgico, es una intervención sencilla, pues durante las 12 primeras semanas de gestación, la persona puede interrumpir de manera voluntaria el embarazo en su hogar o sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud, teniendo en cuenta que para que sea posible se debe proporcionar información precisa, medicamentos de calidad y el apoyo de un profesional de la salud cualificado, en el caso de que la persona gestante lo necesite o lo solicite durante el proceso (Organización Mundial de la Salud, 2021).

Como señala, Bela Ganatra, jefa de la unidad de prevención del aborto de la OMS, es esencial que el aborto sea seguro desde un punto de vista médico; al mismo tiempo, es imprescindible garantizar que las decisiones de las mujeres y las adolescentes sean tratadas con dignidad, respeto y libre de estigmatización. De este modo, la OMS (2017) afirma que restringir el acceso al aborto no elimina su práctica, solo incrementa la posibilidad de que las mujeres, especialmente para aquellas en condiciones de vulnerabilidad sean expuestas a procedimientos inseguros.

En el caso de Perú, se encuentra penalizado el aborto, con excepción de los procedimientos realizados por razones terapéuticas, es decir, cuando la vida o la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo. Así pues, de acuerdo a cifras presentadas por la plataforma digital peruana Salud con lupa, más de 370 mil mujeres abortan cada año de manera clandestina, lo que equivale a más de mil abortos diarios (Poder judicial del Perú, 2023).

No obstante, la garantía de este derecho es restringida, dado que, el 70% de los centros de salud desconocen la aprobación de la guía técnica para el aborto terapéutico (Gonzales Rosales, 2025). Como consecuencia, los profesionales de salud se sentían obligados a proporcionar atención del aborto de forma encubierta, y otra parte se negaba a realizar el procedimiento. (PROMSEX et al., 2022)

Este breve contexto permite visualizar como la penalización al aborto en Perú restringe diversos derechos fundamentales de las mujeres, niñas y personas gestantes, tales como el derecho a la vida, el derecho a gozar del grado máximo de su salud física y mental, el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el derecho a no sufrir torturas ni tratos crueles o inhumanos.

En este sentido, la penalización casi absoluta, acompañada del desconocimiento institucional puede causar escenarios clandestinos y riesgos. Por tal motivo, resulta relevante el contraste con el marco jurídico y la experiencia en Colombia frente, pues cuenta con el marco normativo más avanzado de Latinoamérica para la garantía del derecho al
aborto (Profamilia, s. f.), dado que, la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional despenalizo la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación. No obstante, una vez superado este tiempo, el acceso al aborto solo es posible por tres causales; peligro para la vida o la salud de la mujer, grave malformación del feto que haga inviable su vida y embarazo producto de acceso carnal violento, incesto, transferencia o inseminación de ovulo no consentida (Corte Constitucional de Colombia, 2006).

Por tal motivo, comparar ambos escenarios permite entender los múltiples obstáculos que enfrenta las mujeres y personas gestantes en Perú y Colombia frente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, así como los efectos que tiene frente en su autonomía, dignidad y salud, considerando que en Perú prevalece un escenario restrictivo, en Colombia, pese al avance legal persisten una serie de barreras relacionadas con la falta de información, desigualdad territorial y la objeción de conciencia.

Un elemento esencial del derecho a decidir sobre la maternidad es la autodeterminación reproductiva, cuyo fin no es de incentivar el aborto, sino de brindar las garantías adecuadas para que se lleve a cabo el procedimiento bajo parámetros seguros. En este asunto la mujer es reconocida como la titular de dicha potestad, al ser quien ejerce de manera libre y autónoma la decisión de procrear (Florez Obceno, 2023).

Es por esta razón que, debido a las limitaciones legales y barreras de acceso en Latinoamérica, las redes sociales y el ámbito digital se han transformado no solamente como un canal de comunicación, sino un espacio en donde confluyen múltiples dinámicas sociales, en las cuales cada clic o interacción tiene una relación directa con lo que ocurre en la vida real, trasladando la resistencia hacia lo digital. De esta manera, se conectan luchas como las de Perú y Colombia, donde se revela el mapa desigual pero interconectado de la defensa por el derecho para decidir de las mujeres.

Se debe resaltar que gran parte de la movilización social ha sido impulsada mediante las redes sociales y su poder de masificar la información. A través de las plataformas digitales se han compartido miles de imágenes, frases o grupos en apoyo a la movilización por el derecho al aborto, cuyo lema mas representativo es el de “será ley” que refleja el objetivo de
despenalizar en diversos países y el de “mi cuerpo, mi decisión”, que enfatiza la autonomía detrás del derecho a decidir si continuar o no con un embarazo. Asimismo, para lograr rastrear más rápido el contenido y tener toda la información actualizada sobre los debates surgieron los hashtags #AbortoLegal y #AbortoLegalYA. (Vergara Gallo, 2021)

De igual manera, en Perú se cuenta con Marea verde Perú, la cual es una plataforma de articulación nacional, que se encuentra integrada por jóvenes diversas, activistas independientes y organizadas de 19 regios del país, cuyo objetivo es la promoción y defensa del derecho a decidir, mediante diversas acciones como marchas, plantones, foros, vigilias, ferias y experimentos sociales, impulsan pronunciamientos, redactan cartas, presentan proyectos de ley y se oponen a iniciativas legislativas de carácter anti derechos en el congreso. Asimismo, realizan veeduría sobre la aplicación del protocolo de aborto terapéutico y difunden información mediante redes sociales, como lo es Facebook, Instagram, Tiktok, X y Youtube (Kallpa, s. f.).

Perú: el aborto terapéutico existe en el papel, pero la clandestinidad sigue marcando la vida de miles de mujeres

Las desigualdades sociales, económicas y de género inciden de manera directa en la dificultan para materializar los derechos, el acceso a la salud y la posibilidad de disfrutar de las nuevas herramientas que otorgan la era digital. A su vez, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo aborda estos temas en conjunto, evidenciando las múltiples
brechas que enfrentan las personas gestantes (Polemos, 2021).

Ahora bien, en el contexto peruano la Constitución ha reconocido al concebido como sujeto pleno de derechos, por tanto, se encuentra prohibido la interrupción voluntaria del embarazo, señalando que la mujer que consiente un aborto puede tener una pena de hasta dos años de prisión (Código Penal del Perú, 1991, arts. 114–120)

Frente a este panorama, el feminismo jurídico sostiene que las leyes deben enfrentar las desigualdades que perpetúan la subordinación de las mujeres (Adrianzen Brocq & Dávila, 2025). Es por esta razón que la despenalización del aborto se entrevé como un acto de justicia que protege la integridad de las personas gestantes, pese a esto, el aborto sigue siendo un tema altamente estigmatizado, al considerarse que es contrario a los roles reproductivos y de cuidados que la sociedad impone a las mujeres. A este prejuicio se suma el miedo que provoca la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ya que la ilegalidad se asocia con desamparo, dolor y la necesidad de una asistencia medica por complicaciones e, incluso la muerte (Vacarezza & Burton, 2023).

“Lo primero que pensé fue en abortar y lo segundo que pensé fue el miedo, porque sé que en este país es ilegal el aborto y eso me generó miedo a la muerte: por la cantidad de lugares clandestinos que sé que existen, por la cantidad de métodos que existen y por el abandono de personas que hay en los hospitales. Sentí miedo” (Estamos cerca, Socorristas en Red 2020).

Ante esta realidad, diversas organizaciones y colectivos han tomado un rol activo en la difusión de información segura sobre el aborto medico y el uso del misoprostol, con el objetivo de que pueda llegar a las mujeres para brindarles herramientas que garanticen su integridad. En este punto, se dispone de un colectivo por la libre información para las mujeres creada en 2009, esta organización publicó el libro “hablemos de aborto y misoprostol” que incluye información textual y grafica como una iniciativa ciberfeminista orientada a impulsar cambios sociales en el mundo virtual (Polemos, 2021).

De acuerdo a lo manifestado por comité de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en el que se determinó la responsabilidad de Perú por el caso de una niña de 13 años que, tras sufrir en reiteradas ocasiones abuso sexual, intentó suicidarse y quedó cuadripléjica debido a una cirugía tardía. En este caso, dicha intervención solo fue practicada después de que la menor sufriera un aborto espontaneo, lo cual evidenció la ausencia de una atención médica adecuada y la vulneración de los derechos fundamentales (Organización Mundial de la Salud, 2023). En consecuencia, la despenalización del aborto podría transformar el aborto clandestino e inseguro en un aborto legal, seguro y accesible, lo cual contribuye a reducir las hospitalizaciones y muertes relacionadas con el aborto inseguro.

Lo anterior refleja como la penalización y el estigma en torno al aborto exponen a las personas gestantes a riesgos y situaciones de desprotección que afectan su salud, su dignidad y su vida misma. Por ende, el aborto debe ser considerado como un bien social, cuya practica no solo beneficia a las personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo sino a la sociedad en conjunto. Pues, al garantizar su acceso, también se promueve la equidad de género y se fortalecen los derechos reproductivos (Vacarezza & Burton, 2023).

Colombia: cuando la ley dice sí, pero las barreras de acceso recuerdan que la sentencia aún debe hacerse real

Desde otra perspectiva, en Colombia el 40% de los embarazos no son planeados, este panorama se agrava debido a las múltiples barreras existentes para el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo, que conlleva a la práctica de abortos clandestinos, que colocan en peligro la salud, la vida y los derechos de las mujeres, reflejando fallas estructurales en las redes e instituciones de salud y sus profesionales al momento de garantizar el servicio (Giraldo, 2024)

De igual manera, como manifiesta Giraldo (2024) esta situación ha permitido que las mujeres colombianas no solo atraviesen barreras institucionales sino socioculturales, que se ven agudizadas en poblaciones cuyas zonas se encuentran en estado de vulnerabilidad debido al abandono del gobierno nacional, en donde carecen de centros médicos o de personal médico, obstaculizando el acceso a un aborto seguro. Pues, como ha mencionado la organización mundial de la salud, las barreras de acceso son los factores que impiden que las mujeres accedan a un aborto seguro, cuya índole puede ser legal, falta de servicio como procedimiento médico, estigmatización y obstáculos económicos (OMS, 2022).

Me he dado cuenta que hay muchísima falta de información, hay gran desconocimiento sobre los derechos reproductivos incluyendo los derechos legales sobre la IVE, muchas mujeres, muchísimas mujeres no saben que el aborto esta despenalizado y mucho menos que desde hace dos años es libre y no necesitan una justificación para practicarse una IVE más allá del solo deseo de no continuar con un embarazo no deseado (p.80)

De acuerdo a la anterior, Giraldo (2024) manifiesta que, la falta de información sobre la despenalización del aborto en Colombia es una de las barreras principales que impide que las mujeres ejerzan sus derechos y puedan tomar una decisión informada sobre su salud, contribuyendo a que mujeres en vulnerabilidad no se acerquen a los centros de salud para pedir ayuda, porque desconocen de las instituciones, o de su derecho a acceder a este tipo de servicios.

Muchas mujeres ni siquiera saben que pueden ir a un centro de salud para que las ayuden con la IVE. Algunas creen que, si no están afiliadas al sistema de salud o son migrantes, no tienen derecho a estos servicios, y por eso ni se acercan a pedir ayuda (P. 81)

Por tal motivo, el acceso a información sobre servicios de salud es esencial para que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su cuerpo de manera autónoma y libre; el desconocimiento perpetua barreras y limita sus opciones, generando la posibilidad de que otras personas puedan aprovecharse de su posición de vulnerabilidad.

Más allá de la ley: el aborto como justicia social y derecho humano

De acuerdo a el contraste mencionado anteriormente, la situación legal e institucional de Perú y Colombia permite evidenciar dos realidades distintas en materia de derechos reproductivos. En Perú, la interrupción voluntaria del embarazo continúa tipificada como un delito con excepción en casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer, perpetuando la
practica de procedimientos clandestinos e inseguros. Por otro lado, en Colombia hay un avance que reconoce la IVE como un derecho hasta la semana 24 de gestación, sin embargo, persisten una serie de barreras institucionales y socioculturales que impiden la garantía del derecho, pues las mujeres desconocen su derecho al aborto, como resultado
no logran acceder a el procedimiento.

Es por ello que, la despenalización del aborto en América latina es esencial, dado que, representa un avance en la protección de la dignidad humana, siendo una necesidad en cuestiones de salud pública. Pues, las mujeres deben tener el derecho de poder elegir libremente con información veraz, acompañamiento terapéutico y social que permita
garantizar una decisión consciente y autónoma.

Por tal motivo, resulta fundamental seguir con la lucha no solamente en espacios físicos, sino también en el ámbito digital, para de esta manera derribar tabúes, desinformación y estigmas respecto a el aborto que restringen la autonomía de las mujeres porque la decisión de llevar a termino un embarazo o no, es un asunto que impacta de manera directa a quien
se encuentra gestando, es una decisión individual que no puede ser trasladada a una tercera persona.

Es relevante resaltar diversas aplicaciones gratuitas que funcionan como acompañantes virtuales, cuyo uso ha sido probado en comunidades y cuidan de la privacidad, en primer lugar, se cuenta con las apps prácticas de Hesperian, que se encuentran en diferentes idiomas que ofrece información confiable sobre salud reproductiva (Hesperian Health Guides, s. f.).

La aplicación Aborto seguro está diseñada para uso de individuos, personal de salud y activistas, pues permite comparar los métodos de aborto seguro mediante un lenguaje claro y dibujos ilustrativos de apoyo para que la información sea accesible. A su vez, la aplicación métodos y consejería, aborda temas sobre cómo se utiliza cada método anticonceptivo, su
nivel de efectividad para prevenir embarazos y cuáles son sus posibles efectos secundarios.
Por último, la aplicación embarazo y parto ofrece información precisa sobre la gestación, el parto y los cuidados post parto. Cabe señalar que, las aplicaciones de Hesperian son totalmente gratuitas, ocupan poca memoria de almacenamiento y funciona sin necesidad de internet o plan de datos una vez instaladas (Hesperian Health Guides, s. f.).

Por otro lado, se encuentra la guía para acompañar el acceso al aborto seguro de personas con capacidad de gestar en situaciones de vulnerabilidad, cuyo objetivo es brindar herramientas practicas y sustento teórico para profesionales de la salud y acompañantes de servicios de aborto inducido en tiempos gestacionales, incorporando un enfoque de cuidado
colectivo y mitigación del desgaste profesional de quienes proveen atención en los distintos momentos del proceso del aborto seguro.

De ahí que, estos espacios y plataformas digitales imprescindibles porque les permite a miles de mujeres conectar con otras, ser escuchadas y orientadas en temas como el acceso al aborto, salud mental y líneas de atención, facilitando integrarse a un espacio en donde pueden alzar la voz contra el maltrato, el machismo y las estructuras que afectan la libre decisión y autonomía sobre su cuerpo.

REFERENCIAS