Por Valeria Flores Calderón: Bachiller en Comunicación y Periodismo. Pasión por escribir sobre política, derechos humanos y luchas sociales con eje feminista interseccional. También de informar a las personas para armarlas contra la vida. Voluntaria del Área de Publicaciones SVRED.
Con las elecciones generales a poco más de un mes, hoy las mujeres peruanas vemos cómo las instituciones y empresas del país se embadurnan de morado y publican en “conmemoración” nuestra los hashtags #8M, #DíaDeLaMujer u otra de sus variaciones. Las redes sociales se inundan de reels y carruseles que hablan de admiración, de resistencia y de lucha. Sin embargo, es escaso el contenido que reconoce la impotencia que sentimos al ver cómo un Congreso deslegitimado y un Poder Ejecutivo autoritario e inestable han encontrado en el desmantelamiento de las políticas de género y en el conservadurismo fundamentalista el pegamento perfecto para sostener su pacto de corrupción.
No hay mayor prueba de que vivimos bajo un Estado fallido que el régimen de Dina Boluarte, la primera presidenta mujer en la historia de la República del Perú que puso más barreras para el acceso al aborto terapéutico y la Educación Sexual Integral (ESI) desde el Congreso. La decadencia en la democracia nacional no es neutral al género: solo en un país tan sumido en crisis como el Perú asume la presidencia un acusado de violación como José Jerí y, después de este haber sido censurado, un apologista del matrimonio infantil como José María Balcázar.
Bajo lema propuesto por la ONU Mujeres para este año, “Día Internacional de la Mujer 2026. Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”, debemos aprovechar la fecha más que nunca para denunciar que las acciones del presidente y de los congresistas no son solo «ruido político» ajeno a la vida cotidiana de las ciudadanas. La corrupción endémica y la inestabilidad política destruyen al Perú y tienen un impacto directo y violento sobre los derechos de las mujeres y niñas, mientras sus ejecutores se llenan la boca con el cínico discurso de proteger a las infancias.
El Congreso: a favor de la corrupción y en contra de los derechos de las niñas
Con un índice de desaprobación que roza el 89% según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (2026), este Congreso pasará a la historia no solo por una corrupción que ya ni se molestan en ocultar, sino por haber orquestado la contrarreforma más agresiva hacia los derechos de las mujeres en décadas. La obsesión fundamentalista por restringir el acceso a la salud y a la educación de las niñas ha cobrado víctimas que se suman, día tras día, a las estadísticas de un país desangrado por la inseguridad.
Los ataques más feroces tienen nombre y apellido: Milagros Jáuregui, congresista, pastora evangélica y presidenta de la Comisión de Mujer y Familia. Ella ha sido la artífice y defensora pública de proyectos como la “Ley que reconoce los derechos del concebido” (Ley N°31935, promulgada en 2023) y la reciente “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades” (Ley N°32535, promulgada en 2025). Tan solo los nombres nos dan una idea bastante clara de por dónde se ha buscado dirigir las políticas públicas de salud y educación que impactan, sobre todo, a las niñas en situación de pobreza y abandono de nuestro país.
En 2023, al lograr elevar al feto o, como repetía Jáuregui, “niño por nacer”, a la categoría absoluta de sujeto de derecho, la congresista y sus aliados condenaron a las niñas víctimas de violación a la maternidad forzada, que la ONU clasifica como tortura. La designación de ser humano protegido por la Constitución hace que poco o nada importe que su progenitora sea una de las 993 niñas menores de 14 años que dieron a luz en 2025, o de las 75 que lo han hecho en lo que va del 2026, según el Registro del Certificado de Nacido Vivo (2026).
Esa erosión de la justicia se extendió más al resto de la población en 2024, cuando el Poder Legislativo aprobó una serie de proyectos que se han denominado colectivamente como “Leyes pro-crimen”. Se dificultó la tipificación del crimen organizado, se modificó la definición de los crímenes de lesa humanidad y se redujeron los plazos de prescripción de varios delitos graves. Con estas medidas, el Congreso no solo blindó a políticos corruptos, sino que dejó desamparadas a miles de mujeres víctimas de redes de trata y explotación sexual. ¿Cómo puede una mujer denunciar a una mafia si el propio Legislativo le ha atado las manos a la Fiscalía?
Sin embargo, la perversidad de esta agenda alcanzó su punto máximo este febrero, cuando Jáuregui, en plena campaña de reelección, cruzó todos los límites éticos. Se revelaron imágenes de un evento «privado» donde niñas y adolescentes embarazadas, algunas cargando bebés producto de violaciones, fueron exhibidas en un escenario, cubriéndose el rostro, como trofeos de su gestión. La congresista presentó su albergue “La Casa del Padre”, propiedad de la iglesia del mismo nombre que fundó junto a su esposo Guillermo Aguayo, como su gran obra de caridad “pro vida”. Entre 2024 y 2026, el establecimiento ubicado en Cieneguilla pasó de tener 12 a 36 menores hacinadas, superando largamente su capacidad de 16. Jáuregui no solo las obligó a parir; las utilizó como propaganda política.
El círculo de violencia fue completado en diciembre de 2025 por una crisis manufacturada por la propia congresista: la destrucción sistemática de la Educación Sexual Integral (ESI). Fue Jáuregui quien impulsó la ley que otorgó a colectivos de padres conservadores el poder de veto sobre los textos escolares, eliminando cualquier rastro de enfoque de género y educación sexual del currículum nacional. Al dejar a las niñas sin herramientas para reconocer sus cuerpos y prevenir el embarazo, y, mucho menos, para denunciar el abuso, la congresista garantiza que los albergues como el suyo nunca se queden sin «huéspedes».
Es una estrategia macabra y redonda: primero, les quita la educación para que no sepan protegerse de los depredadores; luego, les prohíbe el aborto terapéutico para obligarlas a continuar con el embarazo producto de la violación; y finalmente, cuando esas niñas no tienen a dónde ir, las encierra en su albergue para presentarse ante el electorado como su «salvadora». Lo que la congresista Jáuregui no contó en sus declaraciones públicas y que fue revelado poco después por el portal La Encerrona es que el refugio contó con al menos 4 reportes de desaparecidos; el más trágico fue el de una niña que, poco después de haber denunciado maltratos y huido del recinto en enero de 2022, fue encontrada muerta.
La fundadora de una institución con esos antecedentes representa a Lima en el Congreso y se está postulando a la reelección. Mientras Jáuregui pide votos prometiendo «defender la vida», la realidad es que su gestión ha condenado a las niñas más pobres del Perú a perpetuar un ciclo de trauma.
Este Congreso ha demostrado, al respaldar las acciones de Jáuregui con sus votos, que no le interesa la vida, sino el poder político que pueden ejercer sobre la población, sobre todo en las mujeres. Utilizan nuestros derechos como mercancía ideológica para polarizar y distraer la atención de sus propios escándalos de corrupción. Hemos pasado demasiado tiempo como cortina de humo funcional a la impunidad.
Un Poder Ejecutivo cómplice del retroceso
El ascenso de Dina Boluarte al poder en diciembre de 2023 significó, para nuestras hermanas del sur, represión policial al salir a protestar en contra de la inestabilidad política y la corrupción que llevan años asediando al pueblo peruano. Lo que debió ser un hito histórico se convirtió en una vergüenza nacional: la primera mujer en llevar la banda presidencial dio continuidad al ciclo de violencia patriarcal y racista del Estado. Lejos de representar a las ciudadanas, Boluarte decidió gobernar dándonos la espalda no solo a nosotras, sino al pueblo peruano en su totalidad.
Bajo su mandato, la represión tuvo un sesgo racial innegable. Como documentó Amnistía Internacional en su informe “Racismo letal”, publicado en 2023, el uso de la fuerza fue groseramente desproporcionado contra las poblaciones indígenas y campesinas. Mientras en Lima se dialogaba en salones cerrados, en Puno y Ayacucho se disparaba a matar. Las mujeres fueron terruqueadas junto al resto de la gente que marchó con ellas. Para la presidenta, el dolor de una madre no era un reclamo legítimo de justicia, sino una amenaza al orden que debía ser silenciada con plomo.
En los siguientes dos años, el mandato de Boluarte desatendió la crisis de inseguridad nacional mientras el Congreso se auto prescribía funciones y derogaba facultades del Ejecutivo que mantenían el equilibrio entre los poderes del Estado. Su vacancia en octubre de 2025 se dio no por la convicción de cambio, sino porque los personajes del Congreso ya no la podían mantener en el poder sin sufrir las consecuencias.
La sucesión constitucional que siguió tras la caída de Boluarte terminó por sepultar cualquier esperanza de justicia para las peruanas. La llegada de José Jerí a la Presidencia de la República fue una bofetada a la dignidad de cada mujer en este país. Poco se podía esperar de un Congreso que había legislado a sus propios intereses. ¿Qué mensaje envía una nación cuando permite que un denunciado por violación sexual asuma la jefatura del Estado?
El breve mandato de Jerí estuvo marcado por la impunidad y la frivolidad. Mientras las organizaciones feministas recordaban que sobre él pesaba una investigación fiscal por presunto abuso sexual en Canta, archivado, convenientemente, por un sistema de justicia cooptado, el mandatario interino se dedicaba a celebrar fiestas privadas con empresarios y operadores políticos, como revelaron diversos reportajes periodísticos. Para Jerí, el cargo no era parte del servicio público, sino más bien era visto como escudo para blindarse de su pasado; para las mujeres peruanas, su presencia en Palacio de Gobierno fue la confirmación de que la palabra de una víctima vale menos que la ambición de todo hombre que asuma el poder frente y frente a un sistema que permita alcanzarlo.
El gobierno peruano no tocó fondo allí. Tras la censura de Jerí en febrero de 2026, el Congreso decidió entregar las riendas del país a José María Balcázar, noveno presidente en diez años, en un acto que solo ratifica lo poco que trabajan para las infancias. Este es el sujeto que, desde su curul, defendió el matrimonio infantil bajo la justificación de las “costumbres”. Es el artífice de una de las frases más repugnantes escuchadas en el hemiciclo en los últimos años: durante el debate sobre la prohibición del matrimonio infantil, tuvo la osadía de afirmar que «las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer».
Nombrar Presidente de la República a quien cree que la violación estatutaria es «educativa» es apañar a los perpetradores a nivel estatal. En vez de proteger a las niñas, blindamos a sus agresores.
La corrupción es una poderosa enemiga de la justicia de género
La alianza tácita entre un Congreso conservador y un Ejecutivo represor ha dejado a la mujer peruana a su suerte. Cuando el sistema de justicia está podrido por la corrupción, la mujer víctima de violencia no tiene a quién acudir. La crisis política se traduce literalmente en feminicidios que pudieron evitarse. No se puede combatir sistemáticamente la violencia de género si la gestión de los recursos estatales está en manos de un Congreso corrupto y un Ejecutivo que ejerce de su máximo cómplice.
Si el Congreso legisla el retroceso, el Poder Ejecutivo lo ejecuta mediante la represión y el abandono. Así, es imposible separar la lucha feminista de la lucha contra la corrupción. A menudo se piensa en la corrupción como el mal manejo de los fondos y recursos del Estado, pero rara vez se analiza su impacto directo en la vida de las mujeres.
En un país donde quienes gobiernan negocian con nuestros derechos para salvar su impunidad, salir a la calle no es una opción, es un acto de legítima defensa. Este 8M no marchamos solo por conmemoración; exigimos al gobierno dignidad. Es lo mínimo que merecemos y aún así, como el resto de peruanos que viven esta crisis de inseguridad, lo último que recibimos.
Bibliografía:
Amnistía Internacional. (2023). Perú: Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú (AMR 46/6761/2023). https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/6761/2023/es/
Instituto de Estudios Peruanos. (2026). IEP Informe de opinión de febrero 2026 (Informe completo). https://estudiosdeopinion.iep.org.pe/informe/febrero-2026/
Ley 31935 de 2023. Por la cual se reconocen los derechos del concebido. 16 de noviembre de 2023. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2235408-1
Ley 32535 de 2025. Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 24 de diciembre de 2025. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2471571-3
ONU Mujeres. (12 de enero de 2026). Día Internacional de la Mujer 2026. Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas. https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2026/01/dia-internacional-de-la-mujer-2026-derechos-justicia-accion-para-todas-las-mujeres-y-ninas
Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (27 de febrero de 2026). Consulta Dinámica. Características de la madre. https://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwmadrenew.aspx
Tuesta, P. (14 de febrero de 2026). La Casa del Padre y las fallas en los centros que deben proteger a niñas víctimas de violencia. Salud Con Lupa. https://saludconlupa.com/genero/la-casa-del-padre-y-las-fallas-en-los-centros-que-deben-proteger-a-nias-vctimas-de-violencia/